Ley 39/2015. El interesado

EL INTERESADO

¿A QUIEN SE CONSIDERA INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO?

  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  • Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
  • Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

  • ACCEDER A UN EXPEDIENTE EN EL QUE FIGURE COMO INTERESADO:
    • OBTENER COPIA DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS.
    • CONOCER EL SENTIDO DEL SILENCIO.
    • SABER QUIEN ES EL INSTRUCTOR Y EL ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER.
  • NO PRESENTAR DATOS O DOCUMENTOS EN PODER DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
  • NO PRESENTAR DOCUMENTOS ORIGINALES, EXCEPTO QUE SEAN NECESARIOS PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN.
  • A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN.
  • A HACER ALEGACIONES.
  • A LA ASISTENCIA DE ASESORES PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES.  
  • A LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA O JURÍDICA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PROYECTOS.
  • FORMAS DE PAGO:
    • Tarjeta de crédito y débito.
    • Transferencia bancaria.
    • Domiciliación bancaria.
    • Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.

DERECHOS DE LAS PERSONAS

  • A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
  • A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  • A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
  • Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley de transparencia.
  • A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
  • A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
  • A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica.
  • A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
  • Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.